MOCION: MOCIÓN POR UN MUNICIPIO LIBRE DE PROSTITUCIÓN DE MUJERES Y DE NIÑOS Y NIÑAS.
La prostitución es una forma de explotación y no una profesión que hay que reglamentar porque es una forma de violencia de género extrema: «lo que las mujeres y hombres prostituidos tienen que soportar equivale a lo que en otros contextos correspondería a la definición aceptada de abuso sexual y violación reiterada. ¿El hecho de que se pague una cantidad de dinero puede transformar ese abuso en un «empleo», al que se le quiere dar el nombre de “trabajo sexual”?
Regular la prostitución legitima implícitamente las relaciones patriarcales: equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, establecer y organizar un sistema de subordinación y dominación de las mujeres, anulando la labor de varios decenios para mejorar la lucha por la igualdad de las mujeres.
Al legitimarla se convierte en un soporte del control patriarcal y de sujeción sexual de las mujeres, con un efecto negativo no solamente sobre las mujeres y las niñas que están en la prostitución, sino sobre el conjunto de las mujeres como grupo.
Si reglamentamos la prostitución, integrándola en la economía de mercado, estamos diciendo que esto es una alternativa aceptable para las mujeres y, por tanto, si es aceptable, no es necesario remover las causas, ni las condiciones sociales que posibilitan y determinan a las mujeres a ser prostituidas. A través de este proceso, se refuerza la normalización de la prostitución como una «opción para las pobres».
Si convertimos esta violencia en una profesión como otra cualquiera para las mujeres. ¿Cómo podremos educar para la igualdad en una sociedad donde las niñas sabrán que su futuro puede ser prostitutas, viendo a otras exhibirse en escaparates al estilo del barrio rojo de Holanda, y los chicos sabrán que puede usarlas para su disfrute sexual si tienen el suficiente dinero para pagar por ello?
En una sociedad que regule la prostitución estamos socializando a niños y niñas en valores claramente diferenciados: A los niños, en que ellos como hombres, van a poder comprar, pagar por usar, el cuerpo, la atención, el tiempo… de las mujeres. Y a las niñas, en que ellas como mujeres, pueden estar al servicio de los hombres. Quizás no ellas personalmente o directamente, pero sí las mujeres, muchas mujeres. Si se regula la prostitución, educar en la igualdad en nuestras ciudades va a ser imposible.
Por eso creemos que hay que ir a la raíz de un problema que afecta a los derechos humanos. Derechos que, en tanto que esenciales, están fuera de discusión: los derechos de toda persona a no ser abusada ni utilizada sexualmente, ni de forma gratuita ni a cambio de ninguna compensación económica.
Estamos inmersos no solo en una lucha económica, sino también en una lucha ideológica, de valores y en una lucha por construir otra subjetividad y otra conciencia social. Si queremos construir realmente una sociedad en igualdad hemos de centrar las medidas en la erradicación de la demanda, a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor (cliente) y del proxeneta: Suecia penaliza a los hombres que compran a mujeres o niños con fines de comercio sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses o multa, porque tipifica este delito como «violencia remunerada». En ningún caso se dirige contra las mujeres prostituidas, ni pretende su penalización o sanción porque la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia masculina contra mujeres, niñas y niños.
Cambiar el destino de las mujeres y hombres que están en la prostitución pasa por plantear un sistema económico justo y sostenible que incorpore en igualdad a ambos sexos. Cambiar su destino pasa por perseguir a las mafias y no favorecer su instalación en nuestro país. Cambiar su destino pasa por transformar la mentalidad de esos varones, no sólo con multas que les quiten las ganas sino con una educación que obligue a los medios a cambiar la imagen de la mujer como objeto sexual y a los hombres a corresponsabilizarse emocional y vitalmente. Cambiar su destino pasa porque los derechos de las mujeres dejen de ser derechos de segunda y pasen a formar parte de verdad de los derechos humanos.
Se dice que la prostitución siempre ha existido, dicen. También las guerras, la tortura, la esclavitud infantil, la muerte de miles de personas por hambre. Pero esto no es prueba de legitimidad ni validez. Tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo que hemos aprendido a imaginar un mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin violencia de género, sin infanticidio ni mutilación de órganos genitales femeninos. Sólo así podremos mantener una coherencia entre nuestros discursos de igualdad en la sociedad y en la educación y las prácticas reales que mantenemos y fomentamos.
Por eso nuestro municipio debe implicarse activamente, en esta lucha por la igualdad de hombres y mujeres apostando por la abolición de la prostitución empezando este compromiso por unirnos a la “red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución”
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU-Verdes propone al Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia que adopte los siguientes
ACUERDOS:

1. Nuestro Ayuntamiento se adhiere a la “red de ciudades libres tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución”.
2. Nuestro Ayuntamiento diseñará una campaña periódica para sensibilizar y convencer a la población de que la prostitución es igual a violencia de género, tratando de deslegitimar social y públicamente a los prostituidores.
3. Nuestro Ayuntamiento exigirá al Gobierno Central y a nuestra Comunidad Autónoma que se aplique realmente la ley, persiguiendo el tráfico de mujeres y personas, y a los proxenetas que están campando por sus fueros en los clubes y burdeles de carretera que todo el mundo conoce.
4. En colaboración con la Administración Central y Autonómica nuestro Ayuntamiento centrará la acción en la erradicación de la demanda, a través de la denuncia y penalización del cliente y del proxeneta, exigiendo al Gobierno Central que establezca de forma urgente una normativa que penalice, como en Suecia, a las personas que compran a mujeres con fines de comercio sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses y multa.
5. Nuestro Ayuntamiento, siguiendo el ejemplo de la normativa sueca, en ningún caso dirigirá su acción contra las mujeres prostituidas, ni pretenderá su penalización o sanción, sino que, en colaboración con la Administración Central y Autonómica, proveerá de fondos para servicios sociales integrales que sean dirigidos a cualquier persona que desee abandonar el ejercicio de la prostitución, ayudando a quienes la abandonen.
6. Nuestro Ayuntamiento apostará también por una intervención preventiva de las causas frente a la represora de las consecuencias, exigiendo al gobierno y a las administraciones centrales y autonómicas erradicar la precariedad del mercado laboral y las condiciones de explotación que en él se viven, que provocan el que la prostitución sea a veces la única alternativa para poder pagar las deudas o mantener a la familia. En vez de beneficiarse de los impuestos recaudados de la industria del sexo, exigiremos al gobierno que embargue los bienes de la “industria del sexo” e invertirlos en el futuro de las mujeres que están en la prostitución proporcionando recursos económicos y alternativas reales.
7. Nuestro Ayuntamiento instará al Gobierno Central y Autonómico para que establezca normativas que impidan que los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, se lucren con la explotación sexual de las mujeres ofertando servicios sexuales en anuncios o publicidad, que suponen una forma de colaborar con la prostitución que controlan proxenetas y mafias y una forma de colaborar con violencia contra las mujeres.

 
 
MOCION: De rechazo  al Acuerdo Económico y Comercial Global, conocido por sus siglas en castellano como AECG y, por sus siglas en inglés, como CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement).
 
El Parlamento Europeo aprobó el pasado 15 de febrero el tratado de libre comercio e inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA), con 408 votos a favor (entre los que se incluyen los de los eurodiputados españoles del PP como el del expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel; PSOE y Ciudadanos), 254 en contra y 33 abstenciones. La aprobación del CETA supone la puesta en marcha de este tratado de forma provisional, sin necesidad de ser ratificado previamente por los Estados miembro de la Unión Europea.
El proceso de redacción y negociación del CETA se ha caracterizado por la opacidad, el oscurantismo y el secretismo. Se ha negado a la ciudadanía y a nuestros representantes públicos conocer los textos de los acuerdos hasta que las negociaciones hubieran terminado, sin olvidar que los europarlamentarios solamente podían consultar fragmentos de acuerdos en habitaciones cerradas, sin poder realizar copias y sin poder informar sobre lo que han leído. Además, no se ha permitido presentar enmiendas ni propuestas de modificación.
El CETA es un tratado que, lejos de reducirse a aspectos comerciales, alterará la forma en que los Estados regulan y aprueban normativas, condicionando la democracia a los beneficios económicos de las grandes empresas, que podrán incluso demandar a las instituciones estatales, regionales, o locales que aprueben medidas contrarias a un supuesto derecho de enriquecimiento ilimitado
Los acuerdos del CETA suponen, como ya ha demostrado la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, un grave impacto para los países en desarrollo, y su Comisión de Empleo se ha pronunciado en contra de los perjuicios del CETA a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
La Seguridad Alimentaria es otro asunto clave del CETA, al ponerse en peligro las normas europeas de seguridad y de producción alimentaria por la supresión de las diferencias normativas entre la Unión Europea y Canadá. La agricultura murciana tendrá que competir con la canadiense, cuyas normas de seguridad y protección del bienestar animal son menos estrictas. Respecto a la industria cárnica, nos encontramos con que se podrá importar en la Unión Europea carne de animales hormonados, que están prohibidas en la UE.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU-Verdes propone al Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia que adopte los siguientes
 
 
ACUERDOS:

• PRIMERO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia exprese su rechazo al CETA aprobado por el Parlamento Europeo.
• SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a que remita el CETA a los Parlamentos autonómicos del Estado Español para su debate y votación.
• TERCERO.- Instar al Gobierno de España a la convocatoria de un referéndum para que la ciudadanía tenga la oportunidad de refrendar o rechazar el CETA.